La irrupción del proyecto Ómnibus trae consigo la transformación de normativas, que hasta hace poco parecían claras, y nos desafía a repensar cómo abordar el reporte y la verificación de la información ESG. Antes de definir cuáles serán próximos pasos, es fundamental comprender el recorrido que nos ha llevado a este punto y el significado real de este paquete. En Sygris, te acompañamos con un análisis conciso y experto para transformar la incertidumbre en una oportunidad de innovación y crecimiento.

Recorrido normativo ESG

La evolución normativa en materia de sostenibilidad de la Unión Europea (UE) ha sido el principal impulsor y catalizador de los asuntos en materia ambiental, social y de gobernanza.

Si tuviéramos que retroceder en el tiempo, lo haríamos para situarnos en diciembre de 2019 cuando la Comisión Europea publica el Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de la UE basada en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y con el compromiso de ser una economía neutra en carbono en 2050.

Dentro de esta estrategia, la UE se comprometía a revisar las disposiciones relativas a la divulgación de la información no financiera de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. De esta forma, se aprobó la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014, la NFRD (Non Financial Reporting Directive) por sus siglas en inglés que modificaba la Directiva 2013/34/UE. Por la NFRD debemos la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad.

Con el tiempo, la UE intensificó sus esfuerzos, especialmente centrados en la homogeneidad del reporting y la verificación de la información sobre sostenibilidad dando lugar a la Directiva 2022/2464 conocida como la CSRD, que amplió el alcance a nuevas compañías y la obligación de incluir información sobre la cadena de valor de las compañías…

Situación normativa actual en Europa y en España

La situación normativa en materia de sostenibilidad en Europa se encuentra en un estado de dinamismo e intensa transformación, reflejo de la ambición de la Unión Europea por liderar la transición hacia una economía más sostenible y responsable. Actualmente, la CSRD ha sido traspuesta en 19 países de los 27 que integran la UE.

En España, existe un proyecto de ley (la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (LIES) publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y que se encuentra en plazo de enmiendas a presentar por los distintos partidos políticos antes de su aprobación definitiva.

Ante este “desamparo” normativo, y dado que la CSRD entraba en vigor desde el 1 de enero de 2024 y las empresas ya debían reportar bajo este marco, la CNMV y el ICAC emitieron un comunicado conjunto que daba la posibilidad de generar un reporte híbrido para las empresas cotizadas con el reporte de los ESRS y los requerimientos de la Ley 11/2018.

¿Y ahora?

El proyecto Omnibus se presenta como la respuesta a una creciente saturación normativa que, en los últimos años, ha dejado a empresas y organismos reguladores con la necesidad de gestionar un entramado legislativo excesivamente complejo y fragmentado.

Este paquete, que busca simplificar y racionalizar el panorama normativo en materia de sostenibilidad y aligerar las cargas administrativas a las empresas europeas, se ha convertido en el epicentro de las discusiones tanto a nivel europeo como nacional, generando intensos debates entre gobiernos, responsables de sostenibilidad, auditores, directivos financieros, altos cargos ejecutivos, empresas y organizaciones sectoriales y ONGs, entre otros.

El proyecto Ómnibus nace precisamente en este contexto de convergencia y tensión normativa. Su objetivo principal es simplificar el marco legislativo existente, eliminando redundancias y facilitando la integración de los distintos elementos normativos.

Con ello, se pretende reducir la carga administrativa en torno a un 25%, una cifra ambiciosa que, de alcanzarse, permitiría a las empresas concentrarse en la implementación de estrategias de sostenibilidad sin verse asfixiadas por trámites burocráticos excesivos. La iniciativa se enmarca dentro del Plan para la Prosperidad y Competitividad de la Unión Europea, que apunta a equilibrar el rigor normativo con la necesidad de mantener la competitividad y fomentar la innovación en el sector empresarial.

Principales cambios del proyecto Ómnibus

Entre las normativas que se ven afectadas por el proyecto Omnibus se encuentra, de manera central, la Directiva CSRD. La Omnibus propone no solo la adaptación de los plazos de reporte –con un desplazamiento de dos años para las empresas de ola 2, en concreto para aquellas que cierren su ejercicio el 31 de diciembre del año en curso (2025)–, sino también la revisión de los umbrales que definen qué empresas deben someterse a los nuevos requisitos.
Tradicionalmente, se consideraba como gran empresa aquellas con más de 250 empleados y que durante dos ejercicios consecutivos cumplieran superar los 40 millones de euros de facturación o 20 millones de euros en activos. Sin embargo, ante el alcance ampliado de la CSRD y en un intento de evitar la sobrecarga, se plantea elevar el límite a empresas de más de 1000 empleados, lo que reducirá drásticamente el universo de empresas obligadas a reportar, pasando de aproximadamente 50.000 a menos de 7.000 entidades en algunos casos.

Otra de las áreas en las que el paquete Omnibus incide es en la regulación de la taxonomía. El Reglamento de Taxonomía, conocido por su extensión y complejidad –con documentos de cientos de páginas y múltiples actos delegados– ha generado un clima de incertidumbre entre las empresas, que se han visto obligadas a etiquetar y clasificar sus actividades como “verdes” o “no verdes”. El Omnibus plantea la posibilidad de simplificar este régimen, estableciendo criterios más claros y aplicables únicamente a aquellas empresas que, por su tamaño y relevancia en el mercado, se consideren imprescindibles para la transición ecológica. Así, se propone que la obligación de reportar conforme a la taxonomía se limite a compañías con más de 1000 empleados y una facturación que supere los 450 millones de euros, permitiendo que, en otros casos, su aplicación sea voluntaria o sujeta a criterios específicos del sector.

El ámbito de la debida diligencia también se ve profundamente impactado por el paquete Omnibus. La normativa de debida diligencia (la CS3D), que obliga a las empresas a examinar y evaluar riesgos en sus cadenas de suministro –especialmente en lo que respecta a derechos humanos y medio ambiente– ha sido objeto de críticas por su rigidez y amplitud. En el marco del Omnibus se prevé un enfoque más matizado, en el que la obligación de evaluar riesgos se circunscribe a las operaciones directas y a los proveedores de primer nivel, dejando de lado la necesidad de extender esta evaluación a toda la cadena de valor. Además, se plantea una revisión del calendario de seguimiento, pasando de un monitoreo anual a uno cada cinco años, lo que podría aliviar significativamente la carga operativa de las empresas sin comprometer la calidad y la transparencia de la información.