El tejido empresarial español está formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, las comúnmente llamadas PYMES. De acuerdo con las cifras extraídas a cierre de 2023, el número total de PYMES en nuestro país asciende a 2.942.581 frente a “solo” 5.520 grandes empresas (Fuente INE. Empresas inscritas en la Seguridad Social y Autónomos). El I Informe HISCOX de PYMES y Autónomos en España “Estado del ecosistema empresarial español ante la incertidumbre”, revela que la sostenibilidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones y necesidades de las PYMES, por su importancia para clientes, inversores y ciudadanos, entre otros grupos de interés. Para dar respuesta a estas demandas, las PYMES deben hacer frente al reto de informar sobre asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG), y enfrentarse a desafíos como la consiguiente falta de ayudas, de personal especializado, de medios, de recursos y de conocimiento.

PYMES y cadena de valor

Los requisitos de información ESG por parte de los clientes, ya sean consumidores u otras empresas, son cada vez más extensos, rigurosos y complejos. La mayor demanda del reporte de información en las PYMES viene asociado a la necesidad de establecer una “estrategia en sostenibilidad” con objetivos medibles para reducir sus impactos más relevantes, ya que forman parte de la “cadena de valor” de los productos y servicios de grandes empresas. Desde el punto de vista regulatorio, aunque las PYMES (excepto las cotizadas a partir del 1 de enero de 2026) no están dentro de los sujetos obligados por la CSRD, al formar parte de la cadena de valor de los productos y servicios, si están indirectamente obligadas a reportar esta información a sus grupos de interés, principalmente clientes e inversores. Por ello, la integración ESG en el modelo de negocio de las PYMES, ya no es una opción sino una necesidad. En este sentido, la ESG no debe ser vista como un riesgo, sino como una oportunidad de desarrollo y éxito a largo plazo.