El pasado 18 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros de España aprobó un nuevo Real Decreto que establece el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂. Esta iniciativa refuerza el compromiso del país en la lucha contra el cambio climático y promueve una economía más sostenible.
A partir de esta normativa, las empresas deberán medir su huella de carbono y desarrollar planes específicos para su reducción. Esta medida busca no solo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también mejorar los procesos productivos, incrementar la eficiencia y fomentar la innovación en el tejido empresarial español.
¿A quién se aplica esta medida?
La obligatoriedad se dirige a las empresas que ya estaban sujetas a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad. Esto incluye a las entidades que formulen cuentas consolidadas y a las sociedades de capital con más de 500 empleados que sean consideradas de interés público o que cumplan con los criterios para ser clasificadas como grandes empresas. Además, todas las instituciones de la Administración General del Estado, incluyendo ministerios, organismos autónomos y entidades gestoras de la seguridad social, deberán calcular anualmente su huella de carbono según los requisitos establecidos en el Real Decreto.
Compromisos climáticos más firmes
Esta medida se alinea con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, fortaleciendo el compromiso de España con la reducción de emisiones y la transición hacia una economía baja en carbono. Según la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, «Medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles».
¿Qué sucede a continuación?
Al tratarse de un Real Decreto, esta normativa entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no requiere pasar por el Congreso y el Senado para su aprobación. Las empresas y entidades afectadas deberán adaptarse a estas nuevas obligaciones, implementando sistemas de medición y planes de reducción efectivos.
Mantente atento a nuestro blog para más actualizaciones y análisis sobre esta y otras iniciativas clave en el ámbito de la sostenibilidad
