La Unión Europea traza el camino hacia la due diligence o diligencia debida obligatoria para afianzar las prácticas de sostenibilidad en las empresas y en su cadena de suministro. Apúntate este término porque vas a escuchar hablar mucho de él.
La Comisión Europea ha publicado la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, con el objeto de obligar a las empresas a respetar y a no causar efectos adversos en los derechos humanos, la buena gobernanza y el medio ambiente. En este sentido, la Directiva nace con el objetivo de fomentar un comportamiento sostenible y responsable dentro de todas las empresas, así como incluir los derechos humanos y los asuntos medioambientales en las operaciones y el gobierno corporativo.
Por otro lado, la Directiva pretende garantizar que se puedan exigir responsabilidades a las empresas por los efectos adversos que puedan causar, con su actividad directa o la de su cadena de valor, en dichos ámbitos. Por último, pretende garantizar que las víctimas tengan acceso a los recursos jurídicos necesarios para revertir y compensar esos efectos.
¿Quién está obligado?
La directiva se aplicará tanto a las actividades propias de una empresa, como de sus filiares y su cadena de valor, ya sean relaciones comerciales establecidas de forma directa o indirecta. En la propuesta europea se diferencian dos grupos de empresas:
- Grupo 1: Empresas de responsabilidad limitada de la UE con más de 500 empleados y un volumen de negocio neto en el último ejercicio superior a los 150 millones de euros.
- Grupo 2: Sociedades anónimas que operen en industrias de uso intensivo de recursos con un volumen de negocio neto de 40 millones de euros a nivel global y que cuenten con más de 250 empleados.
La Directiva europea también afectaría a empresas de terceros países con actividades en la UE que cuenten con un volumen de negocio generado en la UE que se ajuste a los criterios de los grupos 1 y 2.
Las pymes, en un principio, no se verían afectadas por esta propuesta, a excepción de aquellas que cotizan y las que se consideran de alto riesgo. Además, el resto de pequeñas y medianas empresas podrán verse afectadas indirectamente, como parte de la cadena de valor y/o por las relaciones comerciales que mantienen con las empresas que sí están obligadas por esta Directiva.
¿Qué tienen que hacer las empresas?
La directiva incluye requisitos concretos para las empresas como, por ejemplo, incluir prácticas de due diligence en sus estrategias corporativas. Es la alta dirección quien deberá establecer y supervisar la aplicación del plan de diligencia debida, considerando las consecuencias de sus decisiones en materia de derechos humanos o de medioambiente.
Cada empresa deberá determinar los daños que sus actividades están causando al entorno. Una vez identificados, tendrá que poner los medios necesarios para prevenir, mitigar y/o reducir esos efectos negativos (tanto los potenciales como los reales). Además, establecerá métodos para monitorizar y supervisar la eficacia de la estrategia y las medidas de debida diligencia. Por último, la empresa tendrá que disponer y mantener un procedimiento de reclamación, así como comunicar públicamente cómo está cumpliendo sus obligaciones de diligencia debida.
Lo más importante de esta nueva Directiva es que beneficiará tanto a empresas como a consumidores e inversores. Por un lado, las empresas conseguirán una mayor seguridad jurídica y unas condiciones de competencia equitativas. Por otra parte, los principios de la diligencia debida aportarán una mayor transparencia y contribuirán a proteger los intereses de los consumidores, garantizando la calidad y la fiabilidad de los productos.